La Universidad en tiempos de crisis (1), por Juan José Lanz

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Leo con cierta preocupación el artículo de Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra titulado “La crisis y la Universidad”, publicado el pasado 21 de febrero en El País. El planteamiento fundamental del señor Rodríguez Ibarra es si la Universidad, en su actual situación, “tiene fórmulas que vayan más allá de la coyuntura y si está pensando en la nueva sociedad y en la formación de sus alumnos para la era digital”. “Lo que se espera de la Universidad –señala el señor Rodríguez Ibarra– es que la persona preparada académicamente no pida, sino que ofrezca. Que ofrezca su capacidad de contribuir a una economía más competitiva y productiva, que añada valor y genere empleo”. Es decir, según añade el ex­-presidente de la Junta de Extremadura, “el universitario no puede limitarse a cambiar fuerza de trabajo manual por capacidad intelectual”.

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En el fondo, lo que subyace en la reflexión del señor Rodríguez Ibarra, positiva y de enorme valor en muchas de las cuestiones que plantea, es una pregunta que se hacen muchos de nuestros ciudadanos en estos momentos: ¿cuál es la respuesta de la Universidad a esta crisis?, ¿qué soluciones propone la institución? Y más aún, y ésa es la pregunta que late en las palabras del citado articulista: ¿cuál debe ser la función de la Universidad?

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Tal como plantea la Ley Orgánica de Universidades de 2001, en el artículo 1 de su “Título preliminar”, las funciones de la Universidad “al servicio de la sociedad”, más allá de realizar “el servicio público de la educación superior”, son cuatro: “a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. c) El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, así como la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria a lo largo de toda la vida”. En fin, la Universidad atiende, tal como la define la LOU, a dos presupuestos básicos: 1.º) a la formación y preparación de los estudiantes para las futuras actividades profesionales que desempeñen al final de sus estudios universitarios; 2.º) a la formación de investigadores y al apoyo al desarrollo científico y técnico. La pregunta sobre la función de la Universidad debería pasar, por lo tanto, por la pregunta subsidiaria de si la Universidad actualmente cumple con las funciones que la LOU le otorgó, y, si no lo hace, cuáles son las causas de esa dejación de funciones.
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Efectivamente, una de las funciones principales de la Universidad es la “preparación para el ejercicio de actividades profesionales”, pero no ha de olvidarse que entre las funciones que se definen para la institución universitaria se encuentran también “la difusión del conocimiento y la cultura”, “el desarrollo de la ciencia […] así como […] la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida” y la formación de una actitud “crítica”. Sin duda, la pregunta sobre el fracaso de la función de la Universidad en cuanto al primer aspecto, que se da por sentado en buena parte de las reflexiones actuales de nuestros políticos y en una buena parte de nuestra sociedad, impulsada en muchos casos por aquéllos, debería llevar a cuestionarnos si el resto de funciones tampoco se han cumplido y cuáles son los motivos. ¿Cumple la Universidad actualmente su función de transferencia y difusión del conocimiento y la cultura? ¿Qué “conocimiento” y qué “cultura” difunde? ¿Contribuye al “desarrollo de la ciencia” puesta al servicio de la cultura y de una mayor calidad de vida? ¿Forma la Universidad verdaderas conciencias críticas? Me temo que muchos nos planteamos serias dudas ante estas cuestiones, por lo que deberíamos preguntarnos por las causas últimas que las motivan.
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En primer lugar, la institución universitaria, bastante debilitada ya tras los cuarenta años de dictadura, ha sufrido en los últimos veinticinco o treinta años un progresivo y constante desarme ideológico, social, político y económico. A las primeras alegrías del nacimiento de las diversas universidades autónomas, que sirvió para contemplar un cierto florecimiento intelectual y cultural en los centros universitarios, ha seguido una decepción más o menos grande. Es evidente que, haciendo caso a esa determinación, plasmada en la LOU pero latente en la LRU, de que la Universidad debe estar “al servicio de la sociedad”, entendida ésta, como quería Aristóteles, como una comunidad civil, se ha entendido que las instituciones universitarias deberían estar al servicio de las comunidades en que se encontraban instaladas y esto, que ha provocado indudables beneficios en el desarrollo social y cultural de dichas comunidades en su especificidad, también ha causado un perjuicio casi irreparable, por un efecto sinecdóquico: el servicio a las comunidades se ha entendido muchas veces como el servicio a los poderes públicos que las representaban. Estos males no se derivan exclusivamente, por supuesto, del sistema de la autonomía universitaria (bajo la dictadura, la Universidad centralista y autocrática, fiel reflejo del régimen que la sustentaba, sólo pudo sobrevivir intelectualmente en los márgenes), sino de su empleo perverso en algunos casos. La dependencia económica de las diversas instituciones universitarias de las instituciones políticas que las gobiernan en última instancia, no cabe duda de que ha restado radicalmente independencia a la propia Universidad como institución. El control económico, lógicamente, se ha transformado en una forma de control político e ideológico, que ha hecho que vaya aumentando la tensión a medida que las diferencias aumentaban. Porque no hay que olvidar que si, y de nuevo evoco las palabras de Aristóteles, el fin último de toda comunidad es actuar “mirando a lo que les parece bueno”, parece lógico que la clase política y la universitaria no siempre coinciden en aquello que “parece bueno” para la comunidad. Los rendimientos de la clase política han de sentenciarse a más corto plazo que los de la comunidad universitaria; o, al menos, así se entendía hasta hace unos años. Lo cierto es que, si una de las principales funciones de la Universidad es la formación de una conciencia “crítica”, ésta no puede sino referirse al poder y sus formas de instauración en una comunidad; se trata de crear y fomentar una conciencia alerta, vigilante con respecto a lo que las instituciones (y la propia institución universitaria) desarrollan a fin de lograr el “bien común” de la comunidad en que se inserta, “bien” que evidentemente no puede definirse en valores absolutos, sino en términos históricos, sociales e ideológicos, y se redefine, como el saber, desde distintas posiciones. Poca labor crítica puede desarrollar una institución que depende de aquella a la que debe vigilar. El resultado, todos lo conocemos, consiste en la retirada de ayudas y el progresivo ahogamiento económico de la institución universitaria en aquellas facetas en las que el rendimiento político (bajo la máscara del rendimiento social) no resulta adecuado. La autonomía universitaria raramente ha repercutido en una verdadera autonomía económica de la Universidad, que ha dependido de la aprobación anual de los presupuestos económicos, más o menos flexibles según la ideología de los respectivos gobiernos políticos y universitarios.
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Evidentemente, mucho menos puede desarrollar esa función crítica una Universidad dependiente del patrocinio de los poderes económicos, de las empresas e industrias, que les suministran un aporte dinerario a cambio de la formación de trabajadores. La “preparación para el ejercicio de actividades profesionales” es, no lo olvidemos, una de las funciones de la Universidad, pero no la única, y me atrevería a decir, que ni tan siquiera la más importante. No debe olvidarse que la Universidad debe contribuir al “desarrollo de la ciencia” y a la “difusión del conocimiento” todo ello puesto “al servicio de la sociedad” y a la consecución de una “mayor calidad de la vida” de sus ciudadanos, que la LOU vincula, erróneamente desde mi punto de vista, al “desarrollo económico” (Continuará).

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* Juan José Lanz es profesor de Literatura Española Contemporánea en la Universidad del País Vasco y uno de los mejores especialistas en la poesía española de las últimas décadas, tema al que ha dedicado numerosos estudios y ediciones....

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